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¿CUÁL ES EL PANORAMA DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER EN MÉXICO?

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¿CUÁL ES EL PANORAMA DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER EN MÉXICO? A lo largo de la historia las mujeres han sido víctimas de discriminación por el simple hecho de ser mujeres, lo que las ha llevado a vivir en estados de desigualdad; desafortunadamente los sistemas patriarcales siguen presentes en nuestros días, en donde aún existen creencias arraigadas respecto a roles, características y cualidades que se designan como exclusivos y apropiados a un determinado sexo, lo que ha marcado una línea divisoria entre mujeres y hombres. Una de esas creencias sigue siendo precisamente el asignarle el rol político a los hombres mientras que las cuestiones domésticas se le atribuyen a las mujeres; no podemos negar que en nuestro país hemos avanzado gracias al principio de paridad en todo (2019), lo que ha incrementado la participación de las mujeres en los espacios políticos y públicos de nuestro país, sin embargo es una realidad que a pesar de las reformas en la materia, las mujeres hoy en día se siguen enfrentando a violencia por cuestiones de género. Es importante subrayar que a pesar de la existencia de leyes, reformas y mecanismos, no es una garantía para que se cumplan o erradiquen las problemáticas, y el tema de la violencia sin lugar a duda tiene mucho que ver con la mentalidad machista que aun impera en nuestra sociedad. En los últimos años la violencia política contra las mujeres ha ido en aumento, por lo que varios estados a fin de frenar dicha situación se vieron en la necesidad de reconocer a la violencia en sus constituciones; en leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia; en legislaciones electorales y en legislaciones penales. Sin embargo fue hasta el 13 de abril de 2020 cuando se toma la decisión de tipificar al delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, a través del decreto por el que se crea el marco normativo para prevenir, atender, sancionar y erradicar dicho delito. Tal decreto dio lugar a que se reformaran y adicionaran diversas disposiciones a varias leyes, tales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General en Materia de Delitos Electorales; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Como podemos observar el decreto publicado en el 2020 así como las modificaciones a las leyes secundarias son relevantes porque fortalecen nuestro sistema jurídico para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres en espacios libres de violencia y en igualdad de condiciones con los hombres. El reconocimiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género como una nueva modalidad de violencia asume que no es otro tipo de violencia, sino que en ella recaen una combinación de los diferentes tipos de violencia que ya son reconocidos por el propio estado (psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, etcétera); la única diferencia es que esta modalidad de violencia se ejerce dentro del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Derivado de esta reforma la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia incorpora en su artículo 20 Bis la definición de la violencia política contra las mujeres en razón de género, la cual a la letra dice: “La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares”. Asimismo en el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, encontramos las conductas que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género las cuales se sancionarán en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas. Dentro de los puntos más relevantes del marco legal sobre violencia política contra las mujeres se destacan los siguientes: Aparte de las sanciones penales y sus agravantes, impone sanciones político electorales, como la disculpa pública, suspensión de propaganda, reducción de financiamiento público o cancelación del registro; así como las medidas de protección y reparación del daño a la víctima, tales como la indemnización y restitución del cargo. Introduce un lenguaje incluyente y no sexista, asimismo toda la propaganda política-electoral debe abstenerse de tener expresiones que discriminen o constituyan actos de violencia política de género. Garantiza la protección de la dignidad, integridad y libertad de las mujeres en todos los momentos del ejercicio de los derechos políticos, es decir al interior de los partidos, durante la contienda electoral, durante la toma de posesión y en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión. Impulsa el uso del Procedimiento Especial Sancionador y el

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PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS ELECCIONES 2023-2024

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PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS ELECCIONES 2023-2024 La participación de las mujeres en las elecciones de 2023-2024 en México marca un momento crucial en el proceso de consolidación de la democracia y de la igualdad de género. Desde la implementación de la paridad de género en las candidaturas y la adopción de leyes de protección contra la violencia política de género, el papel de las mujeres en la política ha ganado visibilidad y reconocimiento. Sin embargo, aún existen desafíos importantes que impiden una representación equitativa y efectiva. Este boletín analiza la participación de las mujeres en las elecciones actuales, revisa los avances logrados en términos de representación y profundiza en las barreras estructurales y culturales que aún limitan su inclusión plena en la vida política del país. La participación femenina en el ámbito electoral no solo representa una garantía de derechos, sino también una oportunidad para que la democracia mexicana sea más representativa y para que las políticas públicas respondan a una diversidad de necesidades e intereses. En las elecciones de 2023-2024, las mujeres representan una proporción significativa de las candidaturas, un reflejo de los avances en políticas de paridad y de la creciente demanda social por una representación más equitativa. No obstante, el simple incremento de candidatas no siempre garantiza una participación libre de obstáculos, pues muchas mujeres en política continúan enfrentando actos de violencia, discriminación y presión que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos. Contexto y Avances Legislativos en la Participación Política de las Mujeres La historia reciente de México ha sido testigo de un notable progreso en la inclusión de las mujeres en el ámbito político. A partir de la reforma constitucional de 2019 que instauró la «paridad en todo,» las mujeres han logrado una presencia sin precedentes en todos los niveles de gobierno, desde las legislaturas hasta las alcaldías. La paridad en las candidaturas ha permitido una mayor diversidad de voces en los espacios de toma de decisiones, y ha generado un entorno en el que la participación femenina ya no es una excepción, sino una regla establecida por ley. Este avance en la legislación representa un cambio importante en la cultura política de México, al promover el reconocimiento de que la representación política debe reflejar de manera equilibrada a la sociedad. Para las elecciones de 2023-2024, la paridad de género ha seguido siendo una norma que los partidos políticos deben cumplir al postular a sus candidatos. Este marco legal ha impulsado a los partidos a abrir sus filas y a incorporar a mujeres en sus listas de candidaturas, contribuyendo a una democratización interna y al fortalecimiento de la equidad de género en la política. Sin embargo, la implementación de esta normativa aún enfrenta obstáculos, especialmente en contextos donde persisten prácticas de discriminación y donde la paridad es percibida más como un requisito que como una herramienta para alcanzar una participación genuina y efectiva de las mujeres. Violencia Política de Género: Un Obstáculo Persistente A pesar de los avances legislativos, la violencia política de género continúa siendo una barrera significativa para las mujeres en la política. La violencia política no solo se manifiesta en agresiones físicas, sino también en formas de acoso, intimidación y difamación que buscan limitar la capacidad de las mujeres para ejercer sus funciones públicas. En las elecciones de 2023-2024, varias candidatas han denunciado casos de violencia política de género, lo que evidencia que, aunque las leyes existen, su implementación y cumplimiento aún presentan retos importantes. La violencia política de género no solo afecta a las candidatas, sino también a las mujeres electas que buscan desempeñar su cargo de manera íntegra y sin presiones externas. La violencia política de género representa una amenaza para la democracia y para la inclusión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. Cuando una mujer enfrenta violencia política, su capacidad de influir y de participar activamente se ve comprometida, lo que limita el impacto de su rol y desincentiva a otras mujeres a involucrarse en la política. Para garantizar que la paridad en las candidaturas se traduzca en una participación real y efectiva, es necesario fortalecer los mecanismos de protección y de denuncia para que las mujeres puedan ejercer sus derechos sin miedo a represalias. El Papel de la Sociedad Civil y de las Organizaciones en la Promoción de la Participación Femenina La participación de las mujeres en las elecciones de 2023-2024 no solo ha sido impulsada por las reformas legislativas, sino también por el esfuerzo de numerosas organizaciones de la sociedad civil que han trabajado para promover la inclusión de las mujeres en el ámbito político. Estas organizaciones han desempeñado un rol crucial en la visibilización de la violencia política de género y en la defensa de los derechos de las candidatas. Además, han desarrollado programas de capacitación y de apoyo para que las mujeres interesadas en la política puedan adquirir las herramientas necesarias para enfrentar los retos de un sistema que aún refleja patrones de exclusión y de discriminación. El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental para fortalecer la participación de las mujeres en la política y para construir un entorno que promueva la igualdad de condiciones. A través de campañas de sensibilización y de capacitación, estas organizaciones han contribuido a crear conciencia sobre la importancia de una representación equilibrada y han trabajado para que la sociedad comprenda el valor de una democracia incluyente. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, y el apoyo de la sociedad civil sigue siendo fundamental para avanzar en la construcción de una cultura política que respete y que valore la participación de las mujeres. Perspectivas Futuras para la Participación Femenina en la Política Mexicana La participación de las mujeres en las elecciones de 2023-2024 es un reflejo de los avances y de los desafíos que enfrenta México en términos de igualdad de género y de representación política. A medida que el país avanza hacia un sistema más inclusivo, es fundamental que las políticas de paridad se fortalezcan y que

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RETOS DE LA MUJER MEXICANA EN LA VIDA POLÍTICA

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RETOS DE LA MUJER MEXICANA EN LA VIDA POLÍTICA En las últimas décadas, la política mexicana ha experimentado un cambio significativo con la creciente incorporación de las mujeres en espacios de poder y toma de decisiones. Este avance ha sido resultado de décadas de lucha lideradas por movimientos feministas, organizaciones de la sociedad civil y legisladoras comprometidas con la igualdad de género. Cambios fundamentales en el marco legal, como las leyes de paridad de género, han abierto nuevas puertas para la representación femenina en todos los niveles de gobierno, marcando un antes y un después en la historia política del país. Sin embargo, este progreso no ha sido lineal ni exento de dificultades. Aunque el número de mujeres en la política ha crecido de manera notable, su participación enfrenta desafíos persistentes que limitan su ejercicio pleno y efectivo en la vida pública. La discriminación de género sigue siendo una realidad cotidiana, manifestada en actitudes que minimizan las capacidades de las mujeres o que cuestionan su idoneidad para ocupar cargos de responsabilidad. Además, los estereotipos de género perpetúan la idea de que el liderazgo político es una actividad reservada para los hombres, lo que genera resistencias y barreras que dificultan la integración plena de las mujeres en la política. Un obstáculo particularmente preocupante es la violencia política de género, una problemática que busca desincentivar y coartar la participación femenina en la vida pública. Esta violencia se manifiesta de diferentes formas, desde campañas de desprestigio hasta amenazas y agresiones físicas, y tiene como objetivo limitar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Aunque existen leyes diseñadas para proteger a las mujeres de este tipo de violencia, su implementación es todavía desigual y carece de mecanismos efectivos para garantizar una protección integral. Esto no solo afecta a las mujeres que ya están en el ámbito político, sino que también tiene un efecto disuasorio sobre aquellas que consideran involucrarse en la política, perpetuando un círculo vicioso de exclusión. Desafíos Culturales y Estereotipos de Género en la Política Mexicana Uno de los principales retos que enfrentan las mujeres en la vida política en México es la persistencia de estereotipos de género que limitan su capacidad de acción y que condicionan la percepción de su trabajo. La idea de que la política es un ámbito masculino sigue presente en muchos sectores de la sociedad y se traduce en actitudes que desincentivan la participación de las mujeres. Estos estereotipos se manifiestan en expectativas sociales sobre el rol de las mujeres en la familia, en la creencia de que los hombres son más adecuados para ocupar puestos de poder y en una cultura que, en muchos casos, no favorece la equidad de género. Estas barreras culturales dificultan el acceso de las mujeres a la política y crean un entorno hostil que limita su capacidad de acción y de liderazgo. Los estereotipos de género también afectan la manera en que las mujeres son percibidas por el electorado y por sus colegas. En algunos casos, las mujeres en política son juzgadas de manera más estricta que sus compañeros hombres y se les exige cumplir con estándares más altos para demostrar su capacidad y su compromiso. Además, las mujeres suelen enfrentar cuestionamientos sobre su vida personal y sobre su rol en el hogar, lo que añade una presión adicional y limita su libertad para participar de manera plena en la política. Estos estereotipos no solo afectan a las mujeres individualmente, sino que también limitan el desarrollo de una democracia inclusiva y equitativa. Violencia Política de Género: Una Amenaza para la Participación Femenina La violencia política de género es otro de los retos más graves que enfrentan las mujeres mexicanas en la vida política. Esta forma de violencia busca intimidar y limitar la participación de las mujeres, y se manifiesta en agresiones físicas, acoso, amenazas y campañas de desprestigio. La violencia política de género no solo afecta a las mujeres en lo individual, sino que también representa una amenaza para la democracia, ya que impide que las mujeres puedan ejercer sus derechos de manera plena y sin restricciones. A pesar de que existen leyes que buscan proteger a las mujeres de la violencia política, la implementación de estas normativas aún presenta desafíos significativos, y muchas mujeres siguen enfrentando situaciones de violencia en su vida pública. La violencia política de género es una barrera estructural que limita el acceso de las mujeres a la política y que crea un entorno hostil para aquellas que aspiran a ocupar cargos públicos. Esta violencia no solo busca intimidar a las mujeres, sino que también tiene un efecto disuasorio, ya que muchas mujeres se ven desmotivadas a participar en la política ante el temor de enfrentar situaciones de acoso y de violencia. Para superar este desafío, es fundamental fortalecer los mecanismos de denuncia y de protección, así como promover una cultura de respeto y de igualdad en todos los niveles de la sociedad. La violencia política de género no es solo una cuestión de derechos, sino también una amenaza para la democracia y para la construcción de una sociedad justa e inclusiva. La Falta de Recursos y el Acceso Limitado a Financiamiento La falta de recursos y de acceso a financiamiento es otro de los retos que enfrentan las mujeres en la vida política en México. A pesar de que las leyes de paridad exigen que los partidos políticos postulen a un número igual de mujeres y de hombres en las candidaturas, muchas mujeres encuentran dificultades para acceder a los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas. Esta falta de financiamiento limita su capacidad de hacer campaña, de llegar a los votantes y de promover sus propuestas, lo que afecta su competitividad y reduce sus posibilidades de éxito. La falta de recursos también es una barrera que limita el desarrollo de habilidades y de capacidades, ya que muchas mujeres no cuentan con el apoyo necesario para acceder a programas de capacitación y de formación en liderazgo. Para superar este desafío, es fundamental que

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PARIDAD DE GÉNERO COMO HERRAMIENTA DEMOCRÁTICA

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PARIDAD DE GÉNERO COMO HERRAMIENTA DEMOCRÁTICA La paridad de género es mucho más que una cifra o un requisito legal; es una herramienta fundamental para la construcción de una democracia incluyente y equitativa. En una sociedad democrática, todos los ciudadanos, independientemente de su género, deben tener el mismo derecho y la misma oportunidad de participar en la toma de decisiones que afectan su vida y su comunidad. La paridad de género busca garantizar que mujeres y hombres estén representados de manera equitativa en los espacios de poder, promoviendo así una sociedad más justa y reflejando de manera equilibrada las necesidades e intereses de toda la población. Este boletín explora cómo la paridad de género fortalece la democracia, los avances y desafíos en su implementación en México y en otros países, y el impacto que tiene en la representación política y en la formulación de políticas públicas. La lucha por la paridad de género ha sido impulsada por décadas de activismo y de trabajo de organizaciones de mujeres que han promovido la igualdad de derechos y de oportunidades. En México, el avance hacia la paridad ha sido significativo, especialmente con la implementación de la reforma constitucional de 2019, que establece la paridad en todos los niveles de gobierno. Esta reforma representa un paso crucial hacia una democracia verdaderamente representativa, ya que permite que las voces de las mujeres estén presentes en la toma de decisiones y contribuye a construir un sistema más justo e inclusivo. Sin embargo, aún existen obstáculos y resistencias que dificultan la implementación plena de la paridad de género y que limitan el impacto de esta herramienta democrática. El Impacto de la Paridad de Género en la Democracia La paridad de género es una herramienta que fortalece la democracia al asegurar que todos los grupos de la sociedad tengan representación en los espacios de poder. En una democracia que aspira a la igualdad, es fundamental que las decisiones políticas reflejen la diversidad de la población y que no se limiten a los intereses de un solo grupo. La paridad de género permite que las mujeres, que representan aproximadamente la mitad de la población, tengan una voz activa y visible en la toma de decisiones, lo cual enriquece el debate público y promueve una visión más integral y equilibrada en la formulación de políticas. Esta representación equitativa no solo fortalece la legitimidad del sistema democrático, sino que también promueve una cultura de igualdad y de respeto en la sociedad. Además, la paridad de género tiene un impacto directo en la calidad de la democracia, ya que permite que se aborden temas y necesidades que históricamente han sido ignorados o subestimados. La presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones permite que se presten más atención a temas como la salud, la educación, la igualdad laboral y la violencia de género, entre otros. Esto no solo beneficia a las mujeres, sino que también contribuye al bienestar de toda la sociedad, al promover políticas públicas que responden de manera más efectiva a las necesidades reales de la población. De esta manera, la paridad de género no solo es una cuestión de justicia, sino también una herramienta que enriquece la vida democrática y que promueve un desarrollo más equilibrado y sostenible. La Implementación de la Paridad de Género en México México ha logrado avances significativos en la implementación de la paridad de género, especialmente en el ámbito político. La reforma constitucional de 2019, que establece la paridad en todos los niveles de gobierno, representa un hito en la historia democrática del país y un ejemplo para otras naciones que buscan construir una democracia más representativa. Esta reforma obliga a los partidos políticos a postular un número igual de mujeres y hombres en las candidaturas a cargos de elección popular, garantizando así que las mujeres tengan la misma oportunidad de acceder a los espacios de poder. Sin embargo, la implementación de la paridad de género enfrenta desafíos importantes, especialmente en contextos donde persisten prácticas de discriminación y de exclusión que limitan la participación efectiva de las mujeres. A pesar de los avances legislativos, muchas mujeres en la política mexicana siguen enfrentando obstáculos que dificultan su ejercicio pleno en el ámbito público. La violencia política de género es uno de los desafíos más graves, ya que busca intimidar y limitar la participación de las mujeres en la política. Este tipo de violencia no solo afecta a las mujeres en lo individual, sino que también representa una amenaza para la democracia, ya que impide que la paridad de género se traduzca en una participación efectiva y en una representación real. Para superar estos desafíos, es fundamental fortalecer los mecanismos de protección y de denuncia, así como promover una cultura de respeto y de igualdad en todos los niveles de la sociedad. La Paridad de Género como Medio para Transformar la Cultura Política La paridad de género no solo es una medida que busca equilibrar la representación, sino también un medio para transformar la cultura política y para promover una sociedad más justa e inclusiva. La presencia de mujeres en los espacios de poder desafía los estereotipos de género y rompe con las barreras que han limitado el acceso de las mujeres a la política. Además, la paridad de género envía un mensaje claro sobre el compromiso de la sociedad con la igualdad y con la justicia, promoviendo una cultura en la que todos los ciudadanos, sin importar su género, tengan las mismas oportunidades de desarrollo. La transformación de la cultura política es un proceso que requiere tiempo y compromiso, pero la paridad de género es un paso fundamental en este camino. Al permitir que las mujeres participen en la toma de decisiones, se crea un ambiente en el que se valoran las capacidades y los aportes de todas las personas, independientemente de su género. Este cambio no solo beneficia a las mujeres, sino que también fortalece a la democracia y promueve una sociedad más equitativa y cohesionada. La paridad de género, entonces,

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EL LIDERAZGO COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DEL EMPODERAMIENTO FEMENINO

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EL LIDERAZGO COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DEL EMPODERAMIENTO FEMENINO El empoderamiento de las mujeres se ha vuelto relevante y fundamental en la democracia de los países, pues lo que busca el empoderamiento es lograr una mayor autonomía, reconocimiento y visibilidad de las aportaciones de las mujeres; lo que conlleva a una mejorar calidad de vida tanto en lo individual como para la sociedad en general. La necesidad de empoderamiento se debe a que durante siglos las mujeres se han visto desfavorecidas por cuestiones de género, lo que las ha mantenido en desventaja y a enfrentarse a un sin fin de desigualdades sociales. Los sistemas patriarcales han contribuido durante años a que las mujeres vivan situaciones de discriminación e injusticias, por lo que han vivido oprimidas e inmersas en estados de sumisión, y aunque se han ido eliminando paulatinamente este tipo de pensamientos y conductas sexistas, se siguen asignando roles específicos a hombres y a mujeres por cuestiones de género, que lo único que generan es fragmentación social y violentar los derechos humanos de las mujeres. Es importante que las mujeres comprendan los sistemas patriarcales a los que se han enfrentado, las causas que lo han originado y la urgencia de resolver dicha subordinación; posteriormente tener la conciencia y la creencia de que es posible cambiar dicha situación para finalmente lograr una toma de conciencia tanto de su poder individual así como de su poder colectivo, pues las mujeres tienen la capacidad de organizar y movilizar grandes cambios sociales en favor de su comunidad. Se puede entender al empoderamiento femenino como el proceso por medio del cual las mujeres adquieren una toma de conciencia de sus propios derechos, fortalezas, intereses, capacidades, autonomía y poder personal, basado en la confianza, seguridad y autoestima, a fin de mejorar e involucrarse activamente en el ámbito político, económico, social y cultural del país. El concepto de empoderamiento con enfoque de género se ha ido introduciendo en la política mundial recientemente, su antecedente se lo debemos a una red de mujeres activistas e investigadoras de la India (Red DAWN-MUDAR), quienes le asignaron al término de “empoderamiento”, un significado específico de género. Posteriormente en el año de 1985 en la Tercera Conferencia Mundial de la Mujer en Nairobi, se logró por primera vez incorporar el término de empoderamiento a nivel internacional; para que finalmente en el año de 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing (Pekín), se incluyó por primera vez como estrategia clave al empoderamiento de las mujeres, ya que señalaba que para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz resultaba fundamental el empoderamiento de las mujeres y su real participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluyendo la participación en los procesos de toma de decisiones y el acceso al poder. Gracias a dicha conferencia, el empoderamiento femenino es hoy en día una estrategia fundamental que se debe incluir en todas las políticas de igualdad de los gobiernos, al ser considerado como una de las vías a seguir para el logro de la igualdad de género y en consecuencia conformar sociedades más justas, prósperas y equilibradas. Por otra parte, el liderazgo y empoderamiento de la mujer son dos términos que se encuentran íntimamente relacionados, ya que la necesidad de empoderamiento de las mujeres conlleva a ser líder y participar en la toma de decisiones; en ese sentido la mujer tiene que aplicar su liderazgo para ser capaz de aumentar su autoestima, involucrarse en la toma de decisiones y controlar los recursos para superar la subordinación de la que ha sido objeto históricamente. Asimismo el liderazgo busca que de manera individual las mujeres se empoderen para entonces ser capaces de empoderar a otras mujeres e incluso a los mismos hombres. Ser líder es tener poder, pero se refiere a un “poder para hacer” y no “un poder sobre otras personas”; de ahí que el término de empoderamiento y liderazgo se pueda conectar con el de la sororidad, el cual se refiere a la unión y el apoyo de las mujeres con más mujeres, siendo empáticas y cómplices para así construir comunidades donde impere la armonía y el bienestar. No podemos perder de vista que el empoderamiento y liderazgo no solo debe enfocarse a un solo espacio de la vida de las mujeres, sino que es un proceso integral, que debe abarcar todos los posibles entornos a los que se enfrentan, siendo importante que las mujeres tengan presente los siguientes temas: Trabajar en su valor personal, el cual se adquiere a través del autoconocimiento, autocuidado y la valoración. Generar un sentido de seguridad, poder y confianza al saberse merecedoras de relaciones igualitarias basadas en el respeto y libres de violencia. Liberarse de la responsabilidad exclusiva de las tareas reproductivas y de cuidado recordando que no es el único espacio en el cual deben y pueden participar. Hacer valer su derecho de acceso a la educación y así adquirir los conocimientos para poder desarrollar una vida profesional digna que les permita ser autosuficientes y valerse por sí mismas. Decidir en todo momento el uso de sus recursos financieros así como saber que tienen el derecho a acceder a puestos laborales de todos los niveles con salarios justos y equitativos. Hacer valer su derecho al acceso de una salud integral así como informarse y conocer sus derechos sexuales y reproductivos. Involucrarse y tener una participación activa en la toma de decisiones del país, sabiendo que cuentan con la capacidad de actuar eficazmente; así como tener movilidad y visibilidad en su comunidad. Decidir libremente acceder a grupos de solidaridad como recurso de información y apoyo. Si bien el empoderamiento femenino es una tarea personal, no menos cierto es que los gobiernos deben de facilitar dicho proceso, a través de la generación de políticas públicas que combatan la desigualdad, exclusión, violencia y discriminación a las que se enfrentan las mujeres y así generar entornos sanos donde el empoderamiento y liderazgo se puedan desarrollar de manera armónica. Asimismo resulta fundamental comenzar

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LEYES Y REFORMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER MEXICANA

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LEYES Y REFORMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER MEXICANA En nuestro país a lo largo de la historia las mujeres han unido fuerzas y luchado por alcanzar la igualdad y equidad en su género, pues se han enfrentado a sistemas patriarcales donde predominan ideologías machistas y sexistas que las han puesto en estados de subordinación, discriminación e injusticia; afortunadamente en su lucha han conseguido avances significativos que las han llevado al reconocimiento de sus derechos, a ocupar hoy en día un mayor número de espacios en la toma de decisiones del país así como a fortalecer su autonomía, empoderamiento y liderazgo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Si bien el artículo 4° Constitucional, reconoce la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, no menos cierto es que siguen existiendo desigualdades por cuestiones de género entre los mismos; de ahí el compromiso latente por parte del estado mexicano en erradicar dicha problemática, sin que olvidemos que es también una responsabilidad que involucra a toda la ciudadanía. Haciendo un recorrido en la historia de nuestro país, hemos sido testigos de la adecuación de nuestras leyes a los instrumentos internacionales más avanzados en la materia, a fin de impulsar programas y políticas públicas encaminadas al beneficio de las mujeres, ejemplo de ello lo es la adhesión en el año de 1979 a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en ingles) de Naciones Unidas; de acuerdo con dicha Convención existen dos tipos de igualdad, la “formal” y “sustantiva”, la primera se refiere al establecimiento de normas en la legislación a fin de garantizar la igualdad; mientras que la segunda es entendida como la igualdad de hecho, o en otras palabras de resultados; en ese sentido la igualdad sustantiva es una de las finalidades que hoy en día busca la democracia de nuestro país. En esa misma línea, en el año de 1999, México adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará), la cual es considerada el primer instrumento en abocarse específicamente al tema de violencia contra las mujeres. Asimismo las conferencias mundiales de la mujer convocadas por las Naciones Unidas, celebradas en Ciudad de México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) han sido fundamentales en el reconocimiento de los derechos de la mujer, sin embargo la última de ellas celebrada en Beijing (1995) consolidó como estrategia global la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres. De ahí radica la importancia de las políticas de igualdad, pues son todas aquellas acciones o programas que ponen en marcha los tres niveles del gobierno, a fin de generar acciones tendientes a eliminar la discriminación; dichas políticas tienen como objetivo prioritario potenciar la autonomía económica de las mujeres; generar condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados; mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación; combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes preservando su dignidad e integridad; posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado así como construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes. Nuestro país cuenta con un marco normativo que busca garantizar la igualdad, seguridad, respeto y protección a los derechos humanos de las mujeres, dentro de las cuales podemos mencionar las siguientes: La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, promulgada en 2006, la cual por primera vez sienta las bases jurídicas para la coordinación, colaboración y concertación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la igualdad sustantiva, eliminando toda forma de discriminación basada en las diferencias sexuales y promoviendo a su vez el empoderamiento de las mujeres. Para lograrlo se crea el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres el cual elaborará el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyos 6 ejes temáticos son la igualdad en la vida económica nacional; la igualdad en la participación y representación política; la Igualdad en el acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales; la igualdad en la vida civil; el derecho a la eliminación de estereotipos en función del sexo y el derecho a la información y a la participación social. Dentro del Sistema Nacional, el Instituto Nacional de las Mujeres coordinará las acciones de los tres ámbitos de gobierno, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos actuará como entidad de seguimiento, evaluación y monitoreo de las acciones que lleven a cabo las demás entidades de la administración pública. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, la cual estableció por primera vez la coordinación institucional para prevenir, proteger y erradicar la violencia, además de contar con un presupuesto para asegurar su implementación; rigiéndose por cuatro principios, que son la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación y la libertad de las mujeres. Esta Ley contempla a la violencia familiar, violencia laboral y docente, hostigamiento y acoso sexual, violencia en la comunidad, violencia institucional; la violencia feminicida y la violencia política contra las mujeres en razón de género; así como las acciones para atender a cada una de ellas; en el caso de la feminicida establece dos acciones relevantes que son la declaratoria de alerta de violencia de género así como la reparación del daño; establece las órdenes de protección de emergencia, preventivas y civiles para las víctimas así como el acceso a los refugios para las víctimas de violencia. Se crea el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres el cual se encuentra conformado por diversas instituciones a fin de elaborar un Programa Integral para llevarlo a cabo. Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas

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EMPODERAMIENTO FEMENINO

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EMPODERAMIENTO FEMENINO El empoderamiento femenino se ha convertido en uno de los temas más relevantes y transformadores de la actualidad. Desde hace décadas, mujeres en todo el mundo han luchado por derechos que les permitan desarrollarse en igualdad de condiciones y por oportunidades que les brinden una voz activa en todos los ámbitos de la sociedad. El empoderamiento femenino no solo es una cuestión de justicia social, sino también un motor clave para el desarrollo económico, la justicia social y la paz. Este boletín profundiza en el concepto de empoderamiento femenino, explora su importancia y los beneficios que conlleva para la sociedad en su conjunto, y analiza los desafíos que aún persisten en el camino hacia una verdadera igualdad. El concepto de empoderamiento femenino implica mucho más que la obtención de derechos o de acceso a ciertos espacios; se refiere a la capacidad de las mujeres para tomar decisiones y para influir en los ámbitos político, económico y social de su vida y de su comunidad. Este empoderamiento es esencial para romper los ciclos de pobreza, de desigualdad y de exclusión, y para permitir que las mujeres desarrollen su potencial y contribuyan al bienestar colectivo. En este sentido, el empoderamiento femenino no solo beneficia a las mujeres, sino que también fortalece a toda la sociedad al crear comunidades más equitativas y al promover un desarrollo inclusivo y sostenible. El Empoderamiento Económico como Base para la Autonomía Femenina Uno de los pilares fundamentales del empoderamiento femenino es el empoderamiento económico, que permite a las mujeres tener control sobre sus recursos y que les brinda una base sólida para tomar decisiones sobre su vida. La independencia económica es un factor esencial para la autonomía, ya que les da a las mujeres la posibilidad de elegir, de negociar y de contribuir activamente a la economía. En muchos países, especialmente en contextos en desarrollo, el empoderamiento económico de las mujeres ha demostrado ser un elemento clave para reducir la pobreza y para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. En México, el empoderamiento económico de las mujeres ha mostrado avances, pero aún enfrenta obstáculos significativos. La brecha salarial, el acceso limitado a empleos bien remunerados y la falta de oportunidades de capacitación son algunos de los desafíos que impiden que las mujeres alcancen una verdadera autonomía financiera. El trabajo informal y la falta de seguridad laboral también representan barreras para el desarrollo económico de las mujeres, quienes muchas veces se ven forzadas a aceptar empleos mal remunerados o con condiciones laborales precarias. Estos factores limitan el potencial de las mujeres y afectan su capacidad de participar de manera plena en la vida económica de su país. El empoderamiento económico también se relaciona con el acceso al crédito y a la propiedad, dos aspectos que históricamente han sido inaccesibles para muchas mujeres. A través de políticas públicas que promuevan el acceso al crédito y que eliminen las barreras para la propiedad, es posible fomentar la creación de negocios liderados por mujeres y fortalecer su participación en la economía formal. La propiedad de tierras y de recursos, por ejemplo, no solo permite que las mujeres generen ingresos, sino que también les da una base sobre la cual construir un futuro sostenible para ellas y para sus familias. La independencia económica, entonces, no solo representa una fuente de ingresos, sino una herramienta de empoderamiento que permite a las mujeres tomar decisiones y ejercer control sobre su vida y su entorno. Empoderamiento Político y Participación en la Toma de Decisiones El empoderamiento femenino también abarca el ámbito político, donde la participación de las mujeres en la toma de decisiones es crucial para la construcción de una sociedad equitativa. Las mujeres han demostrado ser agentes de cambio y defensoras de los derechos humanos y de la justicia social, y su presencia en los espacios de poder permite una representación más equilibrada y una visión más inclusiva en la formulación de políticas. La participación de las mujeres en la política no solo beneficia a las mujeres, sino que también fortalece a la democracia y promueve una gobernanza que responde a las necesidades de todos los ciudadanos. En México, los avances en la representación política de las mujeres son notables, especialmente a partir de la implementación de leyes de paridad de género en las candidaturas y de mecanismos para combatir la violencia política de género. Sin embargo, las mujeres en la política aún enfrentan obstáculos, como el acoso, la discriminación y la violencia, que limitan su capacidad de participar plenamente. El empoderamiento político no se trata solo de aumentar el número de mujeres en el poder, sino de garantizar que puedan ejercer su liderazgo sin barreras y sin miedo a represalias. La inclusión de las mujeres en la política es un paso fundamental para construir una democracia inclusiva y para promover una cultura de igualdad. Empoderamiento Social y Cultural: Rompiendo Estereotipos y Promoviendo la Igualdad El empoderamiento femenino también implica la transformación de las normas sociales y culturales que limitan el desarrollo de las mujeres y que perpetúan estereotipos de género. A lo largo de la historia, las mujeres han sido objeto de estereotipos y de prejuicios que han restringido su papel en la sociedad y que han limitado sus oportunidades. El empoderamiento social y cultural busca desafiar estas creencias y promover una cultura de igualdad que respete los derechos de las mujeres y que valore su contribución a la sociedad. La educación es una herramienta fundamental para el empoderamiento social y cultural de las mujeres. A través de la educación, las mujeres pueden adquirir los conocimientos y las habilidades que necesitan para cuestionar los estereotipos y para ejercer su autonomía. Además, la educación permite a las mujeres acceder a mejores oportunidades de empleo y participar de manera activa en la vida pública. En México, el acceso a la educación para las mujeres ha mejorado en las últimas décadas, pero aún existen desigualdades, especialmente en las zonas rurales y en las comunidades indígenas. Promover la igualdad en el acceso

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LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN MÉXICO

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LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN MÉXICO En nuestro país, las mujeres se siguen enfrentado a sistemas patriarcales, donde prevalecen ideas de subordinación, superioridad y machismo, por lo que siguen siendo víctimas de discriminación, desigualdad, exclusión y violencia por una cuestión de género, es decir por el simple hecho de ser mujeres, lo que las ha llevado a vivir en un estado de desigualdad a nivel jurídico, económico, político y social; sin embargo gracias a su lucha y empoderamiento hemos tenido grandes avances, aunque no ha sido una tarea fácil ni es algo consumado, ya que siguen existiendo obstáculos. Dentro de los avances observados en el reconocimiento de los derechos de la mujer podemos citar, la obtención del derecho a votar y a ser votada, la igualdad entre mujeres y hombres ante la ley, el acceso a la educación, el derecho al trabajo y a disponer de un salario, la maternidad como algo voluntario y no como una decisión impuesta, el derecho a una vida libre de violencia, por mencionar algunos. Mas de la mitad de la población mexicana, se encuentra conformada por mujeres, por lo que su participación, así como el acceso a puestos de toma de decisiones y elección pública resulta fundamental tanto para el desarrollo del país, así como para la construcción de una sociedad democrática, basada en los principios de justicia, igualdad, libertad y respeto a los derechos humanos. Asimismo, no podemos perder de vista que la democracia como forma de gobierno, se refiere al poder de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes a través de elecciones libres, justas y competitivas, y sean éstos quienes tomen las decisiones en su representación; de ahí que tanto hombres como mujeres cuenten con el derecho a ser elegidos en igualdad de condiciones a cualquier puesto político y de toma de decisión. En ese sentido, debemos impulsar una mayor presencia, participación y representación de las mujeres en el ámbito político y en funciones de liderazgo, toda vez que al involucrarse aumenta la probabilidad de incorporar sus necesidades en la toma de decisiones del país, asimismo motiva a otras mujeres a participar y promueve la igualdad de género; es importante que participen mujeres de diversos grupos y sectores de la población, sobre todo mujeres afrodescendientes, indígenas y jóvenes, a fin de hacer visibles las realidades y problemáticas que enfrentan dentro de sus entornos, las cuales no pueden quedar fuera de la agenda política. Gracias a la constante lucha feminista, han surgido diversas reformas legislativas para regular la participación política de la mujer en igualdad de oportunidades que los hombres y así alcanzar la paridad en nuestra sociedad, siendo una de ellas, la reforma al artículo 41 Constitucional publicada en el año 2014, donde se estableció por primera vez la garantía de paridad entre géneros en la postulación de candidatos a legisladores federales y locales. Por otra parte, en el año 2015 se publicó la reforma al artículo 2° Constitucional, en la que se establece el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía para elegir a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que tanto las mujeres como los hombres indígenas ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados. Finalmente en el año 2019, se publicó la reforma constitucional más importante para el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, impactando los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de nuestra Carta Magna, siendo un parteaguas para garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisión, lo que se conoce como “paridad en todo” o “paridad transversal”; ya que asegura que la mitad de los cargos de decisión política serán destinados para mujeres, en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal); en los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); en los organismos autónomos y en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular; a su vez esta reforma, contempló el principio de paridad para elegir representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena; además de que se adoptó un lenguaje incluyente y con perspectiva de género. A raíz de esta reforma, la paridad es hoy en día un principio constitucional de cumplimiento obligatorio por parte de las todas las autoridades que integran el Estado mexicano, por lo que todas las instituciones públicas, de todos los niveles, deben forzosamente estar conformadas por mujeres y hombres de manera paritaria; aunque no podemos perder de vista que no porque se encuentre regulado significa que sea ya una realidad. Existen aún obstáculos que impiden a las mujeres participar en el ámbito político en condiciones de igualdad, dentro de los cuales podemos mencionar la violencia de género, la discriminación y los techos de cristal que impiden el acceso de las mujeres a los puestos de poder, entre otras. Ante esta problemática en abril de 2020 se modificaron diversas leyes en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género a nivel federal, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGMAVLV) y la Ley General en Materia de Delitos Electorales; esto con el fin de establecer las acciones requeridas para su prevención, atención y sanción. Es ese sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGMAVLV) incluyó el artículo 20 Bis, donde definió a la violencia política contra las mujeres en razón de género, la cual fue retomada por diversos estados para las LAMVLV locales; asimismo se adicionó un segundo párrafo al artículo 27, para regular las órdenes de protección en materia electoral. Por su parte, Ley General en Materia de Delitos Electorales, tipifico como delito a la violencia política, incorporándose dentro del artículo 3° de

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PARIDAD DE GÉNERO EN LA POLÍTICA

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PARIDAD DE GÉNERO EN LA POLÍTICA El primer antecedente que consagra el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres es la Carta de las Naciones Unidas de junio de 1945; posteriormente se promulgó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, la cual reconoce el principio de igualdad y la prohibición de toda forma de discriminación basada en el sexo, estableciendo el derecho de las personas a participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones políticas y acceder a las funciones de los asuntos públicos. La “igualdad ante la ley” es un principio jurídico que establece derechos, deberes y garantías comunes para todos los ciudadanos de una sociedad, se asocia con la justicia y equidad; mientras que la “igualdad de género” o también denominada “equidad de género”, se define como “la situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar”. Para que exista la igualdad entre hombres y mujeres se debe garantizar la igualdad ante la ley (en el goce y el ejercicio de los derechos de ambos); debe existir igualdad de trato (no discriminación) así como la igualdad en el acceso a las oportunidades e igualdad de resultados. La igualdad sólo será posible en la medida en que se erradique la discriminación contra las mujeres, así como la eliminación de todas las formas de violencia contra las mismas. En ese sentido podríamos identificar dos tipos de igualdad, la formal y la sustantiva, la primera se refiere a la adopción de leyes y políticas que tratan de manera igual a hombres y mujeres; mientras que la segunda se refiere a la igualdad en los hechos, es decir en los resultados, asegurando que las desventajas inherentes de determinados grupos se solucionen. A lo largo de la historia las mujeres en todo el mundo se han enfrentado a injusticias, discriminación y desigualdades por el simple hecho de ser mujeres, es decir por una cuestión de género. Es así como surge el feminismo, el cual es considerado un movimiento político-social, el cual se destaca por la toma de conciencia por parte de las mujeres respecto de la opresión, dominación y explotación a la que han sido sujetas producto del patriarcado. Este movimiento ha ido evolucionando conforme a las necesidades y demandas de las mujeres y de acuerdo con el contexto económico, político y social en el que se encuentren; sin embargo, siempre se ha enfocado en la búsqueda de la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres frente a los hombres; de tal manera que se garantice la equidad de género y con ello alcanzar mejores condiciones de vida para todas las mujeres. Nuestro país, no es la excepción, ya que gracias a la lucha feminista, hemos obtenido grandes logros en el reconocimiento de los derechos de la mujer, como por ejemplo el derecho al voto, el cual le fue concedido con la reforma al artículo 34 Constitucional efectuada el 17 de octubre de 1953; a raíz de ello, se desencadenó el reconocimiento de un mayor número de derechos; fue así que en 1968 se promulgó la “Ley de Instrucción Pública”, dando lugar a que se abrieran las primeras escuelas secundarias para niñas; asimismo, entre 1971 y 1980, se logró que las mujeres accedieran a la educación media y superior; en el año de 1974, se generaron dos reformas constitucionales importantes, la primera fue modificar el artículo 4° Constitucional, en el que se reconoce la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y la segunda se refiere a la eliminación en el artículo 123, de mandatos restrictivos al trabajo de las mujeres, que se consideraban un obstáculo para el ejercicio de los derechos laborales femeninos. En 1979, el Gobierno Mexicano reconoce la violencia hacia las mujeres, al adherirse a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el cual es considerado el instrumento internacional más amplio en materia de derechos de las mujeres. Asimismo, México adoptó en 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), el cual es considerado el primer instrumento en abocarse específicamente al tema de violencia contra las mujeres. Dentro de los avances jurídicos más recientes, podemos citar la reforma constitucional de 2011, la cual incorporó todos los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales como derechos constitucionales; incluyó el principio “pro persona”, es decir que se debe preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona; así como la obligación para todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; reconoce la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos; de ahí que con esta reforma el Estado tiene un gran compromiso en cuanto a la igualdad entre mujeres y hombres, al tratarse de un derecho humano, así como con todos los derechos que se violentan ante la falta de dicha igualdad. Respecto a los derechos políticos electorales de la mujer, con la reforma constitucional de 2014, se estableció por primera vez el “principio de paridad” en la postulación de candidaturas de los partidos políticos a las legislaturas federales y locales. Posteriormente con la reforma constitucional de 2019, nuestro país avanza hacia la consolidación de una verdadera democracia representativa, participativa e incluyente, al establecer que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes en los municipios con población indígena, lo que se conoce como “paridad en todo” o “paridad transversal”; y además adoptó un lenguaje incluyente y con perspectiva de género. Uno de los fines que busca la participación paritaria, es enriquecer las decisiones públicas por

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LAS MUJERES EN EL ENTORNO LABORAL ¿QUÉ TANTO SON VIOLENTADAS?

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Usualmente el término “violencia” nos remite a asociarlo con la presencia de actitudes abusivas, de poder y sometimiento; cualquier persona puede ser víctima de violencia, sin distinción de edad, sexo, raza, religión, profesión, estatus social; es una problemática mundial, que vulnera la salud, el bienestar, la dignidad, los derechos humanos e incluso puede llegar a acabar con la vida de quien la sufre, generando no solo afectaciones en lo individual, sino que se traslada al entorno familiar y social. Existen diversos tipos y modalidades de violencia, sin embargo, abordaremos específicamente la violencia contra las mujeres o también conocida como violencia de género, la cual se ha visibilizado en todas las épocas de la historia; colocando a las mujeres en situaciones de riesgo e impidiendo su pleno desarrollo en igualdad de condiciones dentro de la sociedad; este tipo de violencia tiene la particularidad de producirse “por el simple hecho de ser mujer”, es decir por una cuestión de género, esto debido a aspectos socioculturales como el machismo y ciertas creencias donde el hombre tiene cierto grado de superioridad sobre la mujer, generando así desigualdad y abuso de poder. De manera general podemos definir a la violencia de género como cualquier acción u omisión, basada en el género, que puede originar un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, patrimonial, económico en la mujer, incluso puede llegar a ocasionar la muerte; asimismo este tipo de violencia se puede suscitar tanto en el ámbito público como en el privado. Actualmente en nuestro país, podríamos considerar a la violencia de género, como una de las violaciones más recurrentes y graves de los derechos humanos; siendo la violencia laboral contra la mujer, uno de los problemas al que muchas mujeres se enfrentan de manera cotidiana o mínimo alguna vez la han experimentado a lo largo de su vida y se refiere a todos aquellos actos de agresión cometidos en su contra dentro del entorno laboral; la podemos analizar desde dos vertientes, la primera respecto al trato que recibe, ya sea por parte de personas con jerarquía superior (jefes), compañeros de trabajo (pares) o subordinados; y la otra, por las diversas formas de discriminación y desigualdad laboral que sufre respecto a las condiciones laborales por el simple hecho de ser mujer, es decir por su condición de género; situación que las coloca en constante desventaja, obstaculizando el pleno goce de sus derechos humanos y laborales. La violencia laboral contra la mujer se puede llevar a cabo a través de maltrato físico; maltrato verbal y psicológico como humillaciones, degradación, intimidación, injurias y amenazas; mediante hostigamiento y acoso sexual; o a través de discriminación por condición de género, que por mencionar algunos ejemplos podemos citar la discriminación por embarazo o por tener el rol de madre; las diferencias en la remuneración de salarios; menor oportunidad para ascender de puesto; el impedimento de llevar a cabo el período de lactancia; la explotación; la descalificación del trabajo realizado; la ausencia o limitación de prestaciones sociales como los servicios de salud, aguinaldos, vacaciones, entre otros; exclusión a las reuniones de trabajo o toma de decisiones; la limitación al acceso a los programas de capacitación y formación profesional; entre otras muchas formas. La violencia laboral tiene grandes efectos nocivos en la salud de la mujer que la sufre, no solo conlleva a repercusiones físicas, sino que a su vez genera trastornos mentales y psicológicos, como ansiedad, depresión, frustración, impotencia, insomnio, aislamiento, hostilidad, apatía, inseguridad, hábitos adictivos, incluso puede provocar el suicidio; asimismo no podemos perder de vista que afecta todo el entorno de la víctima, tanto en la disminución de su desempeño laboral o incluso en la decisión de renunciar a su empleo, así como en sus relaciones familiares y sociales; dañando con ello su autoestima, dignidad, integridad, seguridad y desarrollo. Continuando con los tipos de violencia de género, analizaremos la violencia digital o virtual, la cual se ha incrementado en los últimos años, esto debido al uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), las cuales hoy en día son parte fundamental de nuestras vidas, pues han transformado por completo la forma de interactuar, socializar, trabajar y estudiar; al permitirnos el acceso instantáneo a cualquier tipo de información, así como intercambiar ideas y opiniones con cualquier persona en el mundo. Si bien su uso ha generado infinidad de beneficios e incluso ha contribuido a la participación ciudadana y a la democracia de nuestro país, no menos cierto es que el espacio virtual se ha convertido en un espacio de riesgo y violencia para muchas mujeres. Se dice que la violencia digital contra la mujer es un fenómeno de violencia que se extendió a una nueva plataforma, es decir, son las mismas formas de violencia que sufre una mujer pero que se trasladaron al mundo digital; y se refiere a cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de las TIC, tales como correo electrónico, llamada telefónica, mensaje SMS, WhatsApp, página web, medios o blogs, televisión, redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) o cualquier medio tecnológico. Algunas de las formas de violencia digital contra la mujer son el acoso, amenazas, expresiones discriminatorias, difusión de información personal o íntima sin consentimiento, extorsión, campañas de desprestigio, acceso no autorizado (intervención) y control de acceso a las cuentas o dispositivos, control y manipulación de la información, suplantación y robo de identidad, monitoreo y acecho, filtración y distribución de imágenes íntimas sin consentimiento, que llegan a constituirse en formas de abuso y explotación sexual relacionada con las tecnologías, publicación de fotos, videos o datos personales por parte de autoridades sin previa notificación o consentimiento, entre otras muchas. La violencia digital contra las mujeres la pueden realizar tanto personas conocidas por la víctima (amistades, familiares, parejas o exparejas), así como personas desconocidas con perfiles reales o falsos; ninguna mujer está exenta a sufrirla sin importad la edad, profesión, clase social, creencias, etc. En algunos casos este tipo de violencia puede estar motivada a su vez por las actividades laborales de

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