LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN MÉXICO
En nuestro país, las mujeres se siguen enfrentado a sistemas patriarcales, donde prevalecen ideas de subordinación, superioridad y machismo, por lo que siguen siendo víctimas de discriminación, desigualdad, exclusión y violencia por una cuestión de género, es decir por el simple hecho de ser mujeres, lo que las ha llevado a vivir en un estado de desigualdad a nivel jurídico, económico, político y social; sin embargo gracias a su lucha y empoderamiento hemos tenido grandes avances, aunque no ha sido una tarea fácil ni es algo consumado, ya que siguen existiendo obstáculos.
Dentro de los avances observados en el reconocimiento de los derechos de la mujer podemos citar, la obtención del derecho a votar y a ser votada, la igualdad entre mujeres y hombres ante la ley, el acceso a la educación, el derecho al trabajo y a disponer de un salario, la maternidad como algo voluntario y no como una decisión impuesta, el derecho a una vida libre de violencia, por mencionar algunos.
Mas de la mitad de la población mexicana, se encuentra conformada por mujeres, por lo que su participación, así como el acceso a puestos de toma de decisiones y elección pública resulta fundamental tanto para el desarrollo del país, así como para la construcción de una sociedad democrática, basada en los principios de justicia, igualdad, libertad y respeto a los derechos humanos.
Asimismo, no podemos perder de vista que la democracia como forma de gobierno, se refiere al poder de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes a través de elecciones libres, justas y competitivas, y sean éstos quienes tomen las decisiones en su representación; de ahí que tanto hombres como mujeres cuenten con el derecho a ser elegidos en igualdad de condiciones a cualquier puesto político y de toma de decisión.
En ese sentido, debemos impulsar una mayor presencia, participación y representación de las mujeres en el ámbito político y en funciones de liderazgo, toda vez que al involucrarse aumenta la probabilidad de incorporar sus necesidades en la toma de decisiones del país, asimismo motiva a otras mujeres a participar y promueve la igualdad de género; es importante que participen mujeres de diversos grupos y sectores de la población, sobre todo mujeres afrodescendientes, indígenas y jóvenes, a fin de hacer visibles las realidades y problemáticas que enfrentan dentro de sus entornos, las cuales no pueden quedar fuera de la agenda política.
Gracias a la constante lucha feminista, han surgido diversas reformas legislativas para regular la participación política de la mujer en igualdad de oportunidades que los hombres y así alcanzar la paridad en nuestra sociedad, siendo una de ellas, la reforma al artículo 41 Constitucional publicada en el año 2014, donde se estableció por primera vez la garantía de paridad entre géneros en la postulación de candidatos a legisladores federales y locales.
Por otra parte, en el año 2015 se publicó la reforma al artículo 2° Constitucional, en la que se establece el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía para elegir a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que tanto las mujeres como los hombres indígenas ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados.
Finalmente en el año 2019, se publicó la reforma constitucional más importante para el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, impactando los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de nuestra Carta Magna, siendo un parteaguas para garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisión, lo que se conoce como “paridad en todo” o “paridad transversal”; ya que asegura que la mitad de los cargos de decisión política serán destinados para mujeres, en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal); en los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); en los organismos autónomos y en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular; a su vez esta reforma, contempló el principio de paridad para elegir representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena; además de que se adoptó un lenguaje incluyente y con perspectiva de género.
A raíz de esta reforma, la paridad es hoy en día un principio constitucional de cumplimiento obligatorio por parte de las todas las autoridades que integran el Estado mexicano, por lo que todas las instituciones públicas, de todos los niveles, deben forzosamente estar conformadas por mujeres y hombres de manera paritaria; aunque no podemos perder de vista que no porque se encuentre regulado significa que sea ya una realidad.
Existen aún obstáculos que impiden a las mujeres participar en el ámbito político en condiciones de igualdad, dentro de los cuales podemos mencionar la violencia de género, la discriminación y los techos de cristal que impiden el acceso de las mujeres a los puestos de poder, entre otras.
Ante esta problemática en abril de 2020 se modificaron diversas leyes en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género a nivel federal, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGMAVLV) y la Ley General en Materia de Delitos Electorales; esto con el fin de establecer las acciones requeridas para su prevención, atención y sanción.
Es ese sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGMAVLV) incluyó el artículo 20 Bis, donde definió a la violencia política contra las mujeres en razón de género, la cual fue retomada por diversos estados para las LAMVLV locales; asimismo se adicionó un segundo párrafo al artículo 27, para regular las órdenes de protección en materia electoral. Por su parte, Ley General en Materia de Delitos Electorales, tipifico como delito a la violencia política, incorporándose dentro del artículo 3° de la misma, lo cual permite que este tipo penal sea aplicado en todas las entidades federativas.
Sin lugar a duda se han generado grandes avances en el logro de la igualdad de género y la participación política de la mujer, sin embargo, sigue siendo un reto para la sociedad y los gobiernos normalizar la presencia de las mujeres sin que sufran violencia y discriminación en estos espacios; por lo que resulta fundamental continuar generando acciones que contribuyan a la eliminación de las diferencias de género y fortalecer los derechos humanos de las mujeres.
Por su parte, las mujeres no deben desistir en su lucha, ni en su compromiso de participar activamente, así como involucrarse en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales del país; siendo fundamental su empoderamiento como líderes para que ocupen y ejerzan cargos de representación pública y de toma de decisiones.
Asimismo, es necesario que desde la infancia se eliminen los roles y estereotipos de género, así como las actitudes machistas y discriminatorias; y educar a las nuevas generaciones con conciencia en equidad de género para que ésta sea vista como algo natural y así romper de una vez por todas con el patriarcado.
Nuestras autoridades tienen la tarea de hacer efectiva la paridad de género en puestos de representación y toma de decisiones a nivel nacional, estatal y municipal, así como promover el respeto y garantizar los derechos humanos de las mujeres, esto con la finalidad de construir un México más justo, pacífico e incluyente.
Cabe señalar que en México ninguna mujer ha sido Presidenta de la República, desde 1982 hasta la fecha sólo 6 mexicanas han aspirado ese cargo, siendo un claro ejemplo de que la cultura machista y los estereotipos sociales siguen siendo un freno para la democracia del país, por lo que es un reto pendiente por cumplir en nuestro país.